URNA ELEcTRÓNICA
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Funcionamiento - El funcionamiento "interno" de la urna electrónica se da por sistema operacional y aplicativos exclusivos de la Justicia Electoral. Esos aplicativos sólo funcionan el día de las elecciones y sólo después de las 7 horas. Los códigos ejecutables del sistema son generados por códigos fuente en el Tribunal Superior Electoral. Como los códigos ejecutables son autentificados e instalados controladamente, todos los eventos operativos son registrados. Así, pues, cualquier detección de violación o alteración en el código ejecutable hace que la urna deje de funcionar.
Para el almacenamiento de datos, la urna electrónica dispone de tres elementos de memoria: dos tarjetas de memoria, llamadas flash cards, siendo una interna y otra externa, además de un disco magnético. De esa forma, es posible recuperar las informaciones relativas a una determinada urna incluso si ésta presenta defecto.
La preparación de la urna electrónica para la votación - Con la antelación de 180 días respecto a la fecha de las elecciones, los partidos políticos y las entidades científicas por ellos contratadas, la Orden de los Abogados del Brasil (OAB), el Ministerio Público y cualquier ciudadano acreditado ante la Justicia Electoral reciben acceso para analizar los programas de la urna electrónica, en ambiente controlado por el Tribunal Superior Electoral. Después de examinar la integridad y seguridad de los programas, esos agentes, en conjunto con la Justicia Electoral, los suscriben digitalmente. La firma digital permite, a cualquier momento - antes, durante y después de las elecciones -, confirmar la autenticidad e integridad de los programas insertados en las urnas.
Luego del juicio de todos los pedidos de registro de candidaturas, los tribunales regionales electorales, de acuerdo con la planificación establecida, determinan la generación de listas (como la lista de candidatos y la lista de electores), tarjetas de memoria y discos magnéticos, con las informaciones específicas para las elecciones. Los partidos políticos y las entidades científicas por ellos contratadas, la OAB, el Ministerio Público y cualquier ciudadano acreditado ante el tribunal regional pueden acompañar ese proceso.
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